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Boletín de noticias 14 de marzo de 2012
EL TIEMPO
ELECCIÓN DE FISCAL ARRANCARÁ CON DEBATE SOBRE PERIODO EN EL CARGO
Santos dijo que investigación a varios magistrados por carrusel de pensiones no debe poner un manto de duda sobre las altas cortes.
Algunos magistrados y el Mininterior creen que el elegido debe estar por cuatro años.
La Corte Suprema de Justicia arrancó formalmente aye martes la discusión sobre el sucesor de Viviane Morales en la Fiscalía General de la Nación.
Pero más que sobre los tres nombres propuestos por el presidente Juan Manuel Santos -Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre-, el debate se centró en el tiempo que estará en el cargo el nuevo Fiscal General.
Aunque se suponía que esta discusión quedaba zanjada con el concepto del Consejo de Estado que señaló que quien llegue al despacho terminará funciones el 31 de julio del 2013 porque su periodo es institucional y no personal, ayer empezaron a tomar fuerza posiciones que apuntan a que el nuevo Fiscal va "por el periodo que fija la Constitución", es decir, cuatro años.
Tras la presentación formal de la terna de candidatos ayer, la Corte convocó a Sala Plena para acordar la mecánica de la elección. El próximo 22 de marzo, De Greiff, Mesa y Montealegre pasarán al tablero ante los 22 magistrados (uno no se ha posesionado) y las votaciones podrían empezar de inmediato. (Lea el concepto del Consejo de Estado)
Para que haya elección, el nuevo Fiscal debe obtener al menos 16 votos (mayoría calificada).
Pero el proceso podría enredarse. EL TIEMPO.COM supo que un grupo de magistrados que la semana pasada declararon no tener competencia para determinar el periodo del nuevo Fiscal consideran que la discusión debe reabrirse.
En el mismo sentido, el ministro del Interior, Germán Vargas, dijo: "El concepto (del Consejo de Estado) no obliga (...). Mi interpretación es que debe entenderse que la elección es para cuatro años, excepto que surja una demanda sobre el límite en el periodo y provoque un pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado", anotó el ministro.
Esa posición generó inquietud, pues, al anunciar la terna , el presidente Juan Manuel Santos no planteó reservas al respecto.
"(Debo) agradecerle a la Sala de Consulta del Consejo de Estado la forma como respondió a nuestra consulta en forma tan rápida. Anoche recibimos formalmente la respuesta, donde el párrafo pertinente dice que, de conformidad con la Constitución y la ley, el periodo de cuatro años del Fiscal General de la Nación es institucional. El que está corriendo actualmente empezó el primero de agosto del 2009 y termina el 31 de julio del 2013", dijo el Presidente.
El escenario de una nueva demanda contra la elección del Fiscal es, según expertos, prácticamente inevitable si la elección se da por cuatro años (periodo personal) y no por el institucional. En su concepto, el Consejo de Estado señaló que la reforma constitucional del 2003 y la Ley 938 del 2004 señalan claramente que el periodo del Fiscal es institucional.
"No hay margen de interpretación que permita darle a la norma un sentido contrario (...). El operador jurídico no puede forzar la ley a decir algo que ella no dice", señala el estudio que el Gobierno recibió el lunes y que precipitó ayer la presentación de la terna.
Los que no están de acuerdo, tanto en la Corte como en el Gobierno, consideran que el tema debe, de todos modos, ser definido por los 27 consejeros de Estado en la Sala Plena (los cuatro de la Sala de Consulta no participan en ella).
Sin embargo, el concepto se basa en jurisprudencia del consejo en pleno sobre las elecciones del Registrador y el Consejo de Estado (que se asumen institucionales), y existe el antecedente de la decisión que tumbó a Viviane Morales, en la que buena parte de los consejeros defendieron la tesis del periodo institucional.
Los postulados no hablarán antes de presentarse ante la Corte porque uno de los compromisos que adquirieron con el presidente Santos fue el de no hacer campaña ni cabildeo para llegar a la Fiscalía.
¿Quiénes son los ternados?
1. María Luisa Mesa
Abogada de la Universidad del Rosario, fue compañera de clase de la exfiscal Viviane Morales Hoyos y se ha desempeñado la mayor parte de sus más de 20 años de carrera profesional en el sector privado. Es hermana de Juan Mesa, alto consejero para las comunicaciones de la Casa de Nariño.
Fue Superintendente de Sociedades y trabajó en Avianca. Desde hace más de una década es profesora de las universidades Javeriana y del Rosario. En esta última hizo parte del consejo académico de la Facultad de Jurisprudencia y desde el 2009 es consiliaria del centro educativo, junto con el expresidente Andrés Pastrana.
Ha sido árbitro de la Cámara de Comercio, con especialidad en derecho comercial. Es la única mujer que ha ocupado ese cargo. Ha escrito artículos y libros sobre sociedad anónima y repartición de utilidades y levantamiento del velo corporativo.
2. Mónica de Greiff
Es abogada de la Universidad del Rosario, con especialización en derecho administrativo. Su padre es Gustavo de Greiff, el primer fiscal general de la Nación. Inició su carrera en el sector privado como secretaria general de la Fiduciaria Colmena; luego fue nombrada viceministra de Minas y Energía durante el gobierno del expresidente Virgilio Barco.
En 1989 pasó al Viceministerio de Justicia y en septiembre de ese mismo año se convirtió en la primera mujer en llegar a la jefatura de esa cartera. En una de las épocas más duras del narcotráfico, De Greiff fue la encargada de firmar el tratado de extradición con Estados Unidos. Entre 1991 y 1993 fue vicepresidenta de Shell en Colombia.
Un año después fue designada consejera de asuntos internacionales del presidente Ernesto Samper, y en 1995 fue nombrada comisionada de televisión en representación de la Presidencia. Durante su gestión en la comisión se adjudicaron los dos canales privados.
Entre 1999 y el 2008 se dedicó a la consultoría jurídica. El exalcalde Samuel Moreno la designó en enero del 2008 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, y luego fue elegida presidenta del Grupo de Energía de Bogotá, cargo que hoy ocupa. Es considerada cercana al samperismo.
3. Luis Eduardo Montealegre
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, es el único de los ternados que tiene especialización y postgrado en derecho penal. Ha sido profesor de derecho penal durante más de 20 años. Se inició como juez de instrucción criminal y luego fue juez penal municipal y conjuez de los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca.
Entre enero de 1997 y junio del 2001 fue Viceprocurador General de la Nación y luego fue elegido magistrado de la Corte Constitucional, hasta el 2004. Varias de sus ponencias, que terminaron en fallos, fueron claves en materia de derechos humanos. Hizo parte de la comisión de expertos que acaba de plantear una cirugía de fondo en la justicia penal militar. También representa a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del bombardeo a Santo Domingo. Fue ponente del fallo que avaló la constitucionalidad de la ley que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe, por lo que algunos sectores lo consideran un puente entre el presidente Santos y su antecesor.
Conflictos con algunas investigaciones
De los tres nombres de la terna, solo el del exmagistrado Luis Eduardo Montealegre había estado en el sonajero de candidatos a la Fiscalía. La candidatura de Montealegre, considerado cercano al uribismo, pero que ha tenido tareas importantes en el gobierno Santos, tiene, en principio, un importante respaldo en la Sala Penal de la Corte, que defiende que el Fiscal sea experto en derecho penal (él es el único penalista en la terna). Si fuera elegido Fiscal, tendría que alejarse de las investigaciones por el saqueo de la salud, pues fue asesor de Saludcoop, una de las EPS más cuestionadas.
Mónica De Greiff, experta en derecho administrativo, tendría que declararse impedida en el caso del 'carrusel' de la contratación en Bogotá, pues fue funcionaria de la administración de Samuel Moreno.
Y María Luisa Mesa, experta en derecho comercial, es hermana del alto consejero para las comunicaciones, Juan Mesa. Hay quienes dicen que es cercana a la exfiscal Viviane Morales.
'SERÍA DESEABLE QUE PERÍODO DE FISCAL FUERA DE 4 AÑOS': MININTERIOR
Para Germán Vargas Lleras, la terna enviada por el presidente Santos es 'magnífica'.
"Si bien el concepto del Alto Tribunal no obliga, lo deseable sería un periodo de cuatro años. Sin embargo, hay varias interpretaciones jurídicas. No debería involucrarse el período del Fiscal encargado por un año y cuatro meses, porque si bien quedó en el cargo, nunca quedó designado, ni elegido por la propia Corte Suprema", dijo Germán Vargas Lleras.
"Mi interpretación es que debe entenderse que la elección es para cuatro años, excepto que surja una demanda sobre el límite en el periodo y provoque un pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado", dijo el funcionario.
De todas maneras, el ministro del Interior aseguró que la terna presentada este martes por el presidente Juan Manuel Santos es "magnífica".
PROYECTO DE FUERO MILITAR INCLUIRÁ RECONOCIMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO
Establece los crímenes que no serán investigados por tribunales castrenses y permite crear fondo para la defensa de uniformados.
Establece los crímenes que no serán investigados por los tribunales castrenses.
Tres son los ejes del proyecto de reforma constitucional sobre el fuero militar, que el Gobierno entregará hoy a la Unidad Nacional: se aplicará el derecho internacional humanitario para actos relacionados con el conflicto armado; los delitos de lesa humanidad nunca irán a tribunales castrenses, y se fijan las bases para crear la justicia penal policial.
Se trata de una propuesta que, de aprobarse, tendrá incidencia en el futuro del conflicto armado. El proyecto garantiza a la Fuerza Pública protección expresa, constitucional y legal, en sus acciones, algo que hoy no está muy claro.
El borrador de la iniciativa, conocido por EL TIEMPO, recoge las conclusiones de una comisión de expertos que conformó el Ejecutivo para analizar los puntos de una reforma "profunda" del fuero militar, por lo que pidió al Congreso retirar el artículo que contemple ese tema del proyecto de reforma de la justicia. Una de las novedades es que reconoce en la Constitución la existencia del conflicto armado, lo cual le abre paso a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el país. Así las cosas, todo acto de combate que merezca ser investigado será asumido de manera inmediata por tribunales militares.
En el artículo 3 del texto quedó plasmado que "cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública, en relación con el conflicto armado, sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el DIH".
Uno de los 'puntos de honor' de quienes se oponen a reformar el fuero es que los crímenes de lesa humanidad cometidos por uniformados queden en la impunidad, por lo que en el texto del proyecto se aclara qué delitos serán investigados automáticamente por la justicia ordinaria.
"En ningún caso la justicia penal militar conocerá los crímenes de lesa humanidad, ni los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento o uso de menores", precisa el artículo 3.
La iniciativa contempla la creación de un tribunal de garantías penales para "cualquier investigación o proceso penal" contra uniformados, que estará integrado por un número impar de magistrados, que serán elegidos por los presidentes de las cortes Suprema y Constitucional y del Consejo de Estado.
El proyecto de reforma sienta también las bases para que, a través de una ley ordinaria, se puedan "crear juzgados y tribunales penales policiales y adoptar el Código Penal Policial", al igual que se pueda crear el fondo para la defensa de los miembros de la Fuerza Pública.
Ante la negativa de 'la U' y del conservatismo de apoyar la reforma del fuero militar, el ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que "las explicaciones son tan claras, tan lógicas, que esperamos que la Unidad Nacional las avale, (porque) no podemos ser más papistas que el Papa".
CORTE ESCUCHARÁ A LOS CANDIDATOS A FISCAL GENERAL EL 22 DE MARZO
Eduardo Montealegre, María Luisa Mesa, el presidente Santos y Mónica de Greiff.
El alto tribunal definió el esquema que usará para la elección del nuevo jefe del ente acusador.
Ese 22 de marzo, desde las 10 de la mañana y en una audiencia televisada, Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre tendrán 15 minutos para exponer sus propuestas de llegar a la Fiscalía.
Posteriormente, habrá 15 minutos de preguntas de los magistrados a los ternados y luego de eso, el alto tribunal entrará a a deliberar.
El esquema se dio a concer luego de que los tres candidatos fueran revelados por el presidente Juan Manuel Santos.
"Esta es una terna de lujo y quiero agradecerles a los tres que hayan aceptado formar parte de la terna. El país sabe muy bien que la Fiscalía pasa por un momento muy importante de su historia", dijo Santos desde la Casa de Nariño. (Reacciones a la terna presentada por Santos).
El Jefe de Estado le pidió a la Corte Suprema que "elija a la menor brevedad posible" al nuevo Fiscal de la terna que acaba de presentar (lea también: 'Sería deseable que período de Fiscal fuera de 4 años': Mininterior).
La actual fiscal encargada, Martha Lucía Zamora, no fue incluida en la terna. Ella reemplazó a Viviane Morales en el cargo después de que el Consejo de Estado anulara su elección.
Perfil de los ternados
Mónica de Greiff es abogada de la Universidad del Rosario, con una especialización en derecho administrativo. Fue ministra de Justicia durante el gobierno de Virgilio Barco. Asimismo se desempeñó como comisionada de Televisión y actualmente ocupa la gerencia de la Empresa de Energía de Bogotá.
María Luisa Mesa también es abogada de la Universidad del Rosario. Desde el 2000 es catedrática de esta universidad y de la Javeriana. Desde el 2009 es Conciliaria de la Universidad del Rosario, la primera mujer en lograr ese honor.
Eduardo Montealegre es abogado de la Universidad Externado, con especialización en derecho penal de la misma universidad. Fue viceprocurador General de la Nación, magistrado y presidente de la Corte Constitucional. Está al frente de la defensa jurídica del Estado ante la Corte Interamericana en el caso del bombardeo de Santo Domingo.
Periodo de próximo Fiscal sería hasta 2013, según el Consejo de Estado
En manos del presidente Juan Manuel Santos quedó este lunes en la noche el concepto del Consejo de Estado que establece hasta cuándo iría en el cargo el próximo Fiscal General de la Nación. ().
La Sala de Consulta del alto tribunal -según conoció extraoficialmente EL TIEMPO.COM- habría determinado que el periodo que deberá cumplir el sucesor de la fiscal Viviane Morales debe ser institucional y no personal. Es decir, de cuatro años fijos contados a partir del 2009, año en que el cargo quedó vacante.
La discusión por el periodo del Fiscal quedó abierta luego de que la Sala Plena del Consejo de Estado anuló, hace dos semanas, la elección de Morales. Así, el nuevo Fiscal estaría en el cargo hasta julio del 2013.
De acuerdo con fuentes de la Presidencia consultadas por EL TIEMPO.COM, el Primer Mandatario también revelaría en las próximas horas los nombres de la terna que entregará a la Corte Suprema. En esa lista, al parecer, estaría incluida la actual fiscal encargada Martha Lucía Zamora.
La discusión sobre el periodo para el próximo Fiscal radicaba en que el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de la fiscal Viviane Morales, por vicios en el trámite surtido en la Corte Suprema, no establecía el periodo que duraría en el cargo su sucesor.
Morales fue destituida del cargo porque, según el reglamento interno de la Corte, ella debió ser elegida por 16 votos, pero solo obtuvo 14. La Corte, interpretando su propio reglamento, tomó la decisión de nombrarla fiscal con menos votos, sobre la base de que había cinco vacantes definitivas en el tribunal.
No obstante, una vez fue anulada esta elección, quedó en duda si el sucesor estaría en el cargo hasta julio de 2013 -periodo institucional- o durante cuatro años -periodo personal-.
Ante esta inquietud, tanto el Gobierno como el Procurador, Alejandro Ordóñez, le solicitaron al Consejo de Estado que resolviera cuanto antes esta cuestión, para que el Presidente pudiera enviar la terna de los tres candidatos para ocupar el cargo.
Con esta decisión del Consejo de Estado se resuelve esta duda y solo quedaría faltando que el presidente Juan Manuel Santos envíe su terna de candidatos y que la Corte Suprema de Justicia prosiga a elejir al nuevo Fiscal.
Ahora bien, quien llegue a ocupar el cargo durante los próximos meses no podría aspirar a ser elegido para un siguiente periodo.
PROPONEN PLAZO FIJO PARA ELEGIR FISCAL
Elección Visible -una coalición de varias ONG de la sociedad civil- propuso ayer que en la reforma de la Justicia, que está en trámite en el Congreso, queden establecidos puntos claves de la elección del Fiscal General de la Nación.
El primer punto que señalan es que se fije un término para que la Corte Suprema de Justicia elija Fiscal General y que exista sanciones por incumplir ese plazo. Contrario al caso de Viviane Morales, cuando el cargo tuvo interinidad de 16 meses. También piden que se realice una audiencia previa para ratificar la terna. Y también que se aumente, en 10 años, el tiempo de experiencia para asumir el cargo. Es decir, el candidato a Fiscal tendrá que tener 20 años de experiencia como abogado.
Y por último, Elección Visible propuso que se deje expresamente definido en la Constitución de cuánto es el periodo del Fiscal General.
CONFIANZA Y CREDIBILIDAD GENERÓ LA TERNA PARA LA FISCALÍA
Exfuncionarios y funcionarios resaltaron las condiciones éticas y profesionales de los candidatos.
Gloria Maria Borrero, directora de la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), celebró la rapidez con la que el presidente Juan Manuel Santos compuso la terna a Fiscal General y prevé un proceso de elección rápido y sin traumatismos.
Aunque resalta las calidades como abogados de los tres candidatos (el exmagistrado Eduardo Montealegre, la exministra Mónica de Greiff y la abogada María Luisa Mesa), Borrero considera que la terna que será entregada a la Corte Suprema de Justicia es, en la realidad, una lista en la que solo dos de los aspirantes tendrían una opción verdadera para resultar elegidos.
"La señora Mesa no conoce el sector Justicia, tampoco es penalista, su experiencia ha sido como asesora de empresas privadas", aseguró Borrero.
En el caso de la exministra De Greiff, la Directora de la CEJ resaltó su experiencia y la época que le tocó afrontar en la cartera de Justicia durante la fase más dura de la guerra contra el cartel de Medellín.
Y sobre el exmagistrado Montealegre, Borrero consideró que tiene todas las calidades para ocupar el cargo: "estuvo en una entidad como la Procuraduría y es experto en derecho penal, constitucional y procesal".
Por su parte, Alfonso Gómez Méndez, exfiscal General, calificó a los aspirantes a Fiscal propuestos por el presidente Santos como una "una terna que le da confianzas al país".
A su juicio los tres candidatos a reemplazar a la exfiscal Viviane Morales "tienen todas las calidades académicas, morales y profesionales" que exige la Constitución para ocupar el cargo.
También resaltó que la terna esté compuesta por dos mujeres, que señaló como "aguerridas, exigentes y de gran trayectoria en el derecho".
Gómez anticipó que de esta forma se despejó el panorama para la elección del Fiscal y ya será la Corte Suprema "la que en su sabiduría elija el nombre que más convenga al país".
El exvicefiscal Francisco José Sintura sostuvo que aunque dos de los ternados para Fiscal no son penalistas tienen una gran experiencia profesional que es garantía para la administración de Justicia.
"Es una terna muy buena con personas de gran trayectoria son respetados en el sector de la Justicia y buenos administradores", sostuvo Sintura.
Agregó que "esta es una terna de técnicos más que políticos".
Igualmente señaló que la Corte Suprema ha demostrado que no acepta ternas de uno, ante las versiones sobre la fortaleza de Eduardo Montealegre sobre Mónica de Greiff y María Luisa Mesa, y cualquiera de los aspirantes tiene la misma oportunidad.
Sostuvo que el hecho que en la terna haya dos mujeres, no es extraño al considerar que las mujeres ocupan un papel muy importante en el sector de la Justicia.
"Las mujeres en este campo tienen gran participación, en la Fiscalía se observa que hay muchas más mujeres que hombres y esa coyuntura permite la postulación de dos mujeres para el cargo", indicó.
El magistrado Javier Zapata calificó como de "consagrados y cognotados juristas "la terna que anunció el presidente Juan Manuel Santos para elegir Fiscal General de la Nación.
Jaime Córdoba Tribiño, exmagistrado de la Corte Constitucional y exvicefiscal, dijo que Es una terna de colombianos eminentes.
"El doctor Montealegre es uno de los juristas nacionales mas calificados y serios para ejercer tan delicadas como complejas funciones. Conoce como el que más el derecho penal y el proceso penal".
CONSTITUYENTE, YA
Por: José Obdulio Gaviria
La situación de la justicia en Colombia es un verdadero desastre. Hoy a las cortes se les endilgan los mismos vicios del Congreso de 1990.
Las cortes no quieren soltar sus privilegios.
¿Alguien imaginaría unos titulares como estos: 'congresistas denuncian complot para enlodar al legislativo' o 'el general X denuncia complot para enlodar a las fuerzas armadas'? Imposible, porque tales titulares son "políticamente incorrectos". Este, en cambio, no escandalizó a nadie: 'Cortes denuncian complot contra la justicia'.
En 1990, la justificación para convocar una Constituyente fue la imposibilidad de que el Congreso se autorreformara. Miles de voces denostaban del turismo parlamentario; el clientelismo producía largos 'roscogramas'; los congresistas nombraban a la esposa de otro congresista, quien le retribuía el 'favor' nombrando a un pariente o un valido de su colega; se creó un sistema pensional ruinoso para el Estado, que permitía que un congresista diera una 'palomita' de días a sus suplentes, para, oh sorpresa, ver al otro día al anónimo 'excongresista' disfrutar de una suculenta pensión de jubilación. Cada proyecto de ley, se presumía, conllevaba un interés oculto e ilegítimo... En fin, hasta 1991, el trompo miletero en cualquier debate político en Colombia fueron los congresistas. Dizque para ponerlos en cintura fue por lo que se convocó una constituyente en 1990 con potestad, incluso, de revocarles el mandato.
La verdad es que la situación de la justicia en Colombia es un verdadero desastre. Su politización -consecuencia natural de los poderes electorales y administrativos que le otorgó la Constitución de 1991- es para asombrarse. Y, claro, como la Constitución otorgó a las cortes semejante poder político, esas cortes, ipso facto, pasaron a ser apetitoso botín político y burocrático. Son numerosos los casos de magistrados que recibieron su toga como premio de consolación luego de perder las elecciones para el Congreso, para una alcaldía o una gobernación. Y, claro, es también corriente que magistrados con semejante hoja de vida sigan cultivando sus feudos electorales mientras están en funciones judiciales. Al terminar su período de ocho años, o al llegar a la edad de retiro forzoso, los exmagistrados buscan nuevamente la curul, la alcaldía, las gobernaciones y hasta la presidencia. ¿Consecuencias? Hoy, a las cortes se les endilgan los mismos vicios del Congreso de 1990: construcción de un 'roscograma' infinito; dan palomas 'magistratarias' para que sus amigos se jubilen; pelean aumentos presupuestales para poder nombrar y renombrar burocracia; hacen turismo judicial y son los reyes del du ut des burocrático, porque nombran fiscal (si les da la gana) y nominan procurador y contralor. Su lógica en las sentencias, además, es que los errores de soldados o de enemigos políticos suyos deben ser tratados como crímenes, mientras que sus crímenes (asociación con Sale, prevaricato en no elección y luego elección viciada de una fiscal) deberán ser catalogados como "errores de buena fe".
Poco se ha teorizado -o al menos especulado- sobre por qué hoy se asocia a muchos magistrados con criminales como Sale y Mancuso, con 'relacionistas' como Asensio Reyes o con Macaco como gestor de posibles negociaciones para elegir fiscal. ¿Cómo se convirtieron las cortes en hoz que corta cabezas gubernamentales y en martillo que clava en la cruz a quienes piensen diferente a ellas? Todo el andamiaje constitucional conspira para que eso suceda. Los magistrados no quieren llevar la vida de ascetas que es lo que corresponde a su función, sino pertenecer al jet set, a la manera de su colega español Baltasar Garzón. Definitivamente no quisieran alejarse de los reflectores y los micrófonos.
Las cortes no quieren soltar sus privilegios. Saben cómo matar cualquier iniciativa de reforma. Les basta amenazar con citar a un parlamentario para 'empanicarlos' a todos. Por eso, la única vía práctica para meterle el diente a nuestra justicia es la de convocar una Constituyente.
EL ESPECTADOR
CORTES ESTUDIARÁN PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN 17 CASOS DE PENSIONES
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren aseguró que la Comisión Interinstitucional de Rama Judicial emprenderá en los próximos días 17 casos de incrementos irregularidades en materia pensional por parte de funcionarios de las altas cortes.
En estos momentos se están haciendo la individualización de cada caso por el presunto detrimento patrimonial, el cual según algunos investigadores alcanza un monto de 90 mil millones de pesos.
“Estos casos han generado una alarma social pues están muy identificados, los correctivos judiciales”, precisó el presidente del alto tribunal al considerar que estos señalamientos han afectado seriamente el nombre y labor de los magistrados y sus decisiones.
El magistrado Gómez aclaró que si se descubren irregularidades se tomarán las medidas necesarias con el fin de establecer las faltas disciplinarias o qué personas incurrieron en conductas reprochables.
SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO NO ACOGERÁ PROCESO POR ELECCIÓN DE LA CONTRALORA
La elección de Sandra Morelli fue demandada por, presuntamente, no cumplir con los requisitos exigidos.
Después de tres horas de discusión, el Consejo de Estado determinó que el debate sobre la ponencia de la demanda presentada contra la elección de la contralora General, Sandra Morelli Rico por un supuesto incumplimiento en los requisitos exigidos para dicho cargo seguirá siendo estudiada por la Sección Quinta del alto tribunal y no pasará a la Sala Plena, como muchos esperaban.
La decisión del Consejo de Estado se basa en el hecho de que es menester cuidar la eficacia y rapidez de la justicia, considerando que dicha decisión debe tomarse en el menor tiempo posible debido a la trascendencia e importancia para el país.
"Las variables que se tuvieron en cuenta fue la cantidad de consejeros impedidos para poder ocuparse de ese tema", precisó el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren explicando que en los próximos días se nombrarán los conjueces necesarios para continuar con el debate.
Según el magistrado Gómez el caso no pudo pasar a la Sala Plena del Consejo de Estado, puesto que se habrían tenido que tramitar 25 impedimentos, lo que hubiera dilatado la determinación final.
La elección de Sandra Morelli fue denunciada al considerar que no cumplía con los requisitos de experiencia exigida.
EVITARÍAN QUE ERRORES DE JUSTICIA PENAL MILITAR LLEGUEN A CORTES INTERNACIONALES
La reforma deja claro que todos los delitos de lesa humanidad cometidos por militares serán conocidos por la ordinaria.
El Gobierno Nacional presentó este martes el proyecto de Reforma a la Justicia Penal Militar a la mesa de unidad nacional en un encuentro privado en el centro de Bogotá.
Se conoció que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dio detalles de la iniciativa, de la cual, se busca primero corregir los errores de la Justicia Penal Militar para evitar que los militares tengan que ser sometidos a cortes Internacionales.
Así lo dio a conocer el presidente del Partido Liberal, el representante Simón Gaviria Muñoz, quien sostuvo que "todo el Derecho Internacional Humanitario va a ser investigado por la Justicia Penal Militar, con excepciones puntuales".
Según él, con esa idea se buscan corregir los errores de las cortes marciales para evitar que los uniformados lleguen a ser juzgados por tribunales internacionales.
Sin embargo, de las excepciones queda explícito que los delitos de lesa humanidad, el abuso sexual, la tortura, el genocidio y la desaparición forzada, va a ser de conocimiento de la justicia ordinaria.
A su turno, el presidente de La U, Juan Lozano Ramírez, dijo que el proyecto establece que todas las operaciones de la Fuerza Pública van a ser de conocimiento exclusivo de la Justicia Penal Militar.
Al referirse al caso de los tribunales internacionales, Lozano señaló que la CPI es una corte supletoria que "entra a funcionar si la justicia colombiana es ineficaz".
"Lo importante es que independiente a que jurisdicción pasemos unos u otros delitos, lo que debe exigirse es que funcione", manifestó.
Recordó que si hay impunidad, siempre estará latente el riesgo de que pueda llegar la justicia internacional a través del Estatuto de Roma.
Finalmente, se conoció que va a existir la defensa técnica para los militares. Para Lozano, así se acaba el "pánico" de los uniformados a la hora de llegar a un tribunal.
El proyecto se espera sea radicado esta semana por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con un atenuante, la rebelión de algunos partidos.
La U y los conservadores se oponen a la petición del Gobierno de retirar de la actual reforma a la justicia, la inclusión del artículo que amplía la capacidad del fuero militar.
PRINCIPIOS OLVIDADOS
Por: Hernán González Rodríguez
Hace ya muchos años, cuando quien escribe estudiaba la Historia de Roma, se afirmaba que:
1. Todos los ciudadanos tenían derecho a un tratamiento igual ante la ley.2.Tenían derecho a la defensa, eran inocentes mientras no se probara lo contrario y tenían derecho a apelar. 3. La carga de la prueba correspondía al acusador y no al acusado. 4. Las leyes irracionales o claramente injustas no se debían cumplir. 5. Las leyes debían ser generales y no deberían ocuparse de legislar sobre todos los detalles. 6. Desde entonces, ya respetaban los romanos la propiedad privada, la validez de los contratos, las herencias, el derecho al voto... pero los esclavos eran considerados como cosas y no como personas.
Para el ciudadano de la calle ajeno a las disciplinas del derecho, como quien escribe, cada vez resulta más frecuente observar que los principios enumerados no inciden hoy ni en la legislación, ni en las decisiones del sector judicial, ni en el propio Gobierno.
Llaman la atención, por ejemplo, los juicios de la Corte Suprema contra los congresistas sin la posibilidad de apelar. Solamente ahora, en la superficial reforma a la Justicia, parece que por fin se está contemplando el derecho a apelar. ¿Hasta cuándo va a funcionar la Corte como acusadora y como juez?
Desconcierta el número creciente de sentencias con motivación política de las Altas Cortes, elegidas a dedo, frente a un Congreso y un Ejecutivo elegidos por voto popular, pero atemorizados ambos por ellas. Una verdadera reforma de la Justicia deberá remediar este alarmante desequilibrio de poderes. No pocos observadores afirman que la modesta reforma a la justicia del presidente Santos bien podría sucumbir en manos de la Corte Constitucional.
La ley y la Constitución colombianas son farragosas, confusas, porque tratan de legislar hasta sobre los detalles más insignificantes. Las constituciones ejemplares son mucho más generales y concisas. Nuestra Constitución es un ejemplo de "tropicalismo", resultante de los pactos políticos.
Insisto, encuentro razonable eliminar las tutelas contra las sentencias judiciales con el fin de reducir las seis instancias judiciales o juicios solamente a tres, porque tan injusta puede resultar la tercera como la sexta instancia. Apremia eliminar las tutelas relacionadas con los derechos fundamentales conexos, como se practica en los países que las inventaron. Entiendo que cerca de la tercera parte de los de 2,4 millones de juicios acumulados, archivados en el sector judicial, corresponden a moras en los arriendos, los préstamos… Ojalá funcionen bien los arbitramentos para los líos financieros que, al parecer, se proponen en la reforma a la Justicia, próxima a continuar sus trámites en el Congreso.
Ahora bien, los expertos sostienen que para los "buenos jueces no hay legislación mala". Por eso estimo que la Justicia colombiana no se endereza solamente asignándole mayores recursos. Apremia elevar el cargo de juez al nivel más alto y muy bien remunerado que ocupa en otras sociedades. Apremia reducir el número de Tutelas absurdas que los ocupan.
En el derecho a la vida, por ejemplo, en el caso del aborto, prima la vida de una madre con varios hijos sobre el hijo por nacer. Recordemos que los derechos fundamentales no son derechos absolutos y están sujetos a circunstancias extremas, de ahí la importancia de nombrar jueces y magistrados ilustrados, humanistas, para juzgarlos, sin caer en el relativismo exagerado o en los juicios políticos que nos acosan.
DELITOS CONTRA EL HONOR
Por: Pascual Gaviria
Entre nosotros las denun-cias por injuria y calumnia no son más que un rezago de los duelos caballerescos que todavía en el siglo XIX eran vistos como una domesticación de la venganza.
Defender el buen nombre y la honra en un juzgado penal, con el código como arma y el abogado como padrino, es una manera aún más patética, por lo aburrida, de enfrentar al autor de una “imputación deshonrosa”. En las denuncias actuales es difícil encontrar dos caballeros en franca lid. Lo que se conserva es el rictus severo de los ofendidos, la ostentación de la palabra honor sobre la hoja de vida de un funcionario.
Los duelos tenían la ventaja de programarse en un lugar escondido para evitar los mirones. El momento del público llegaba una vez había un perdedor tendido en el suelo. Con las denuncias penales sucede todo lo contrario. Se plantea el juicio como una forma de exhibir la indignación del ofendido.
Lo más triste del asunto es que los polemistas de juzgado han arruinado debates que en otros escenarios habrían podido resultar divertidos y sustanciosos. Normalmente frente a la justicia las discusiones sólo pueden destilar formalismo y resentimiento. La lista de los denunciantes de los últimos tiempos recorre todo el espectro político y deja claro que en Colombia cuando usted no tiene la razón lo mejor es acudir ante un juez: la familia Araújo, Ernesto Samper, Luis Alfredo Ramos, José Alfredo Escobar, Jorge Enrique Robledo, sindicalistas de empresas de teléfonos…
Hace menos de un año se perdió la oportunidad de abolir esa feria de vanidades en los despachos del país. La Corte Constitucional declaró exequibles —por una votación de 7-2— los artículos del Código Penal que describen los delitos de injuria y calumnia. En muy resumidas cuentas dijo que se trata de un enfrentamiento entre derechos constitucionales y que el Código Penal puede terciar en algunos casos. Además, según la Corte, la jurisprudencia ha ido delimitando los delitos y ha dado cierta prevalencia a la libertad de expresión sobre el derecho al buen nombre. Supuestamente hay una protección mayor para los discursos que tratan temas públicos y hay una obligación de resistencia para quienes representan al Estado.
Pero dos fallos recientes podrían demostrar que no sólo estamos frente a una comparsa solemne cada tanto, sino frente a un peligro real para la libertad de expresión. El periodista Luis Agustín González acaba de ser condenado en segunda instancia por decir que Leonor Serrano de Camargo era una “politiquera” de vieja data. Cosa que se podría comprobar con la cédula de la señora y alguno de sus discursos. Y el Tribunal Superior de Barranquilla hizo lo mismo con Andrés Vásquez, por hacer circular algunos correos en los que culpó a José Name Terán de todos los males que padecía Barranquilla. Tal vez se le fue la mano: están el cura Hoyos y los arroyos, pero 34 meses de cárcel y $200 millones de multa parecen demasiado.
Luego de esos tristes duelos los políticos dicen compungidos: no me quedó opción. Podrían agregar una frase de Mark Twain, quien estuvo a punto de batirse contra un reportero que lo ofendió: “Si un hombre me retase en alguna ocasión, me lo llevaría con amabilidad y misericordiosamente de la mano a un lugar tranquilo para después matarlo”.
EL NUEVO SIGLO
DE NUEVO CORTES HABLAN DE REFORMA A LA JUSTICIA
Apreciaciones finales sobre el proyecto de reforma a la justicia, previo a la reactivación del debate de este reforma constitucional, la semana entrante en el Congreso, harán hoy y mañana las altas Cortes.
En el escenario que han escogido, los foros académicos tras alejarse a finales del año anterior de la discusión de este proyecto en el Congreso por considerar que lo aprobado en la iniciativa no resuelve los problemas de la justicia y de la rama, el Consejo de Estado llevará a cabo el Foro Nacional “Poder Judicial y Constitución – La Justicia como Bien Supremo”.
Con este Foro de importancia nacional la Corporación, en asocio con la Corte Suprema de Justicia, busca orientar el debate del Acto Legislativo, de cara a los estamentos ciudadanos en general y conocer las motivaciones que estimulan la necesidad de modificar la Constitución en un componente tan sensible como la Administración de Justicia.
Los principales temas a tratar, serán el acceso a la administración de justicia y los presupuestos para su eficacia, el equilibrio de poderes y la autonomía judicial, el aumento de la demanda en justicia y la financiación de la actividad judicial, la protección de los derechos y la labor de los jueces, el análisis crítico del proyecto de reforma en curso y el fortalecimiento de la justicia.
El evento contará con la participación de los Presidentes y Magistrados de las Altas Cortes, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Ministro del Interior, Senadores y Representantes a la Cámara, Magistrados de Tribunales Administrativos, Jueces, Decanos de Derecho de importantes universidades colombianas, Presidentes y Directores de importantes asociaciones ciudadanas, entre otros.
Con el inicio la próxima semana del último período de esta legislatura, el Congreso le dará inicio a la segunda vuelta del proyecto de reforma a la justicia. Este trámite arrancará en su quinto debate en la Comisión Primera del Senado.
ESPERAN QUE LLEGUE LA ORALIDAD A LA JUSTICIA
Que por fin llegue a oralidad y la implementación de las nuevas tecnologías a la actuación judicial es lo que se espera cuando se aplique el Código General de Proceso.
Buscando la descongestión de miles de casos que están represados en los distintos juzgados del país y que los procesos tengan una duración razonable, se seguirá tramitando en el Congreso dicho proyecto.
La iniciativa que entrará en tercer debate es el primer cambio integral que se le va a realizar al Código de Procedimiento Civil que está vigente desde el año 1970.
El proyecto, según el senador Jesús Ignacio García, del Partido Liberal, consiste en “crear un Código de procedimiento de carácter general en materia civil, agraria, de familia y comercial. ¿Qué se trata con ese Código? Que los procedimientos sean orales y que se incorporen a los procesos judiciales las nuevas tecnologías”, para logar una justicia pronta y oportuna.
Para el abogado penalista Andrés Guzmán, la importancia de este proyecto radica en dos elementos la celeridad y la inmediación: “La celeridad, busca que los procesos salgan más rápido; mientras que la inmediación busca que un solo juez en un determinado tiempo falle un caso y que no pasen cinco jueces por un proceso que se demora diez años”.
Y es que García y Guzmán coinciden en que una de las ventajas de este proyecto de ley sería la transparencia. Para el senador, la publicidad que pueda tener un caso va a permitir que los procesos sen más judiciales y transparentes ya que están sometidos al escrutinio público; para el abogado, la publicidad permitirá que cualquier persona entre a ver un juicio lo que le daría cierta claridad a los juicios.
oralidad
Una de las bases de este Código General de Proceso será implementar la oralidad, tal y como aparece en el artículo tres del borrador de la ley: “Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva”. Es decir, que las audiencias se realizarán de forma verbal entre el acusador, el acusado y el juez, así como la etapa de pruebas, alegaciones y sentencias.
Llegar a la oralidad en la justicia colombiana es un avance para el penalista Jaime Granados, quien cree que aunque es difícil adaptarse al cambio, pero que arroja buenos resultados. “Con este sistema funcionan los temas procesales más avanzados del mundo, Colombia sólo lo ha implementado en el sistema acusatorio en materia penal y con algunas dificultades, como los inconvenientes que tiene la oralidad y es que el cambio cuesta, pero es mejor finalmente la calidad”, precisó Granados
Sin embargo, para Guzmán, este método no ayudará a la descongestión de los procedimientos retrasados. Para él la solución sería que el sistema de oralidad se implementara en los nuevos casos de la justicia y que los antiguos los sigan manejando los jueces a los que les fueron asignados, siempre y cuado estos no reciban más procesos para manejar y así se puedan dedicar a descongestionar los juzgados.
Tiempo
El artículo 121 del Código General del Proceso, plantea que los tiempos de respuesta en los diferentes procesos se debe acortar, se tendrá un plazo máximo de un año para dictar sentencia en primera instancia, en caso de que haya segunda instancia está tendrá un plazo máximo de seis meses para ser resuelta.
Para Guzmán, el plazo es bueno desde que los jueces lo cumplan a cabalidad, así como se realiza con los procesos de las tutelas, y considera que una de las falencias del proyecto es que no tiene contempladas sanciones para los jueces que no cumplan con los tiempos, él cree que debe ser “único y perentorio el cumplimiento de esa norma”
Tecnología
El artículo 103 dispone que las acciones judiciales se puedan realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando se garantice la integridad de la entrega.
Para Granados este cambio es importante y aunque genere choque, las personas se acostumbrarán a su uso con el paso del tiempo. El abogado contó además que desde 1970 cuando se creo el Código de Procedimiento Civil se tenía previsto implementar medidas tecnológicas, pero solo hasta el año 2002 se inició el proceso. “Es algo que hay que hacerlo y que hay que entender que es necesario que se adopten las nuevas medidas tecnológicas y que se dote la rama judicial para adquirir estas nuevas tecnologías”.
FISCALÍA: DE CRISIS EN CRISIS
Desde 1991, cuando se creó la Fiscalía y se puso a operar un año después, nunca ha tenido un desenvolvimiento fluido. Desde entonces a hoy han sido múltiples las crisis, en particular por los cambios de Fiscal en la mitad de sus períodos. Ahora, de acuerdo con el concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, los períodos de Fiscal son institucionales y no personales, de manera que su elección debe surtirse para cuatro años. De allí que la terna anunciada ayer por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sea tan solo para cumplir el período anterior, que había comenzado en julio de 2009 y que por lo tanto debería terminar en la misma fecha de 2013.
La terna presentada, pues, es de transición. De esta manera no sólo fue anulada la elección anterior de Viviane Morales, sino que finalmente se añadió que de haber seguido su período habría terminado en 2013 y no como se pensaba en 2015. Ello hace que la nueva terna no tenga el alcance que se presuponía tanto en cuanto el funcionario designado tendrá que adecuarse al menos en unos meses y en adelante prácticamente tendrá que preparar su salida del cargo.
Ello, en medio de la importancia inusitada que ha cobrado la Fiscalía, no sólo desde luego por liderar la política criminal del Estado, sino por llevar los mas graves pleitos de que se tenga noticia contra exministros y altos servidores públicos del Gobierno anterior, puede ser negativo en sus potencialidades.
En efecto, muchos de los funcionarios investigados tienen fuero, es decir, que dependen exclusivamente del Fiscal General de la Nación, y muchos todavía están pendientes de llamamiento a juicio.
No querrá ello, ciertamente, decir sin embargo que el nuevo Fiscal no tenga las facultades, competencias y legitimidades para desarrollar su labor.
Total, en adelante se entenderá que el período del Fiscal es de cuatro años. Si esto es así, aún sin conocerse en su totalidad el concepto del Consejo de Estado, debería entenderse que cuando el Fiscal en propiedad sale del cargo por cualquier circunstancia, debería ser reemplazado al interior de la Fiscalía sin necesidad de que el Presidente de la República recurra a una nueva terna. Precisamente para ello está el Vicefiscal, cuyas funciones son las de asistir y reemplazar al Fiscal en caso necesario. De lo contrario, no se entiende para qué hay Vicefiscal.
En Colombia, donde los incisos preponderan mucho más que el espíritu de la Ley, debería regir para este caso, lo mismo que rige para otros. En una homologación puede decirse, por ejemplo, que si el Presidente de la República, por cualquier razón deja su cargo, lo sustituye el Vicepresidente hasta terminar el período. Sólo en caso de que ello ocurra antes de un año de estar en el ejercicio de sus funciones, se producen nuevas elecciones. De resto es el Vicepresidente el que termina el mandato. Y si ello acontece en el más alto nivel posible, no se comprende por qué no el mismo mecanismo debería servir de plataforma jurídica con los demás organismos y funcionarios.
Podrá decirse que Presidente y Vicepresidente de la República corresponden a un solo tiquete electoral, pero en todo caso lo obvio y práctico es que en la Fiscalía, como en otros organismos que no son objeto de libre nombramiento y remoción presidencial, sería más fácil y expedito mantener la misma norma de conducta. Si ya existía una Vicefiscal posesionada en propiedad ante el Presidente de la República, lo lógico parecería ser que se mantuviera allí hasta el término del período.
Bien se ha cuidado el Presidente, claro, de presentar, como ha dicho, una terna de lujo para el año que falta. Ello implica, a su vez, que será el Gobierno saliente el que siempre terne Fiscal en propiedad. No es bueno que ello ocurra, ni tampoco hay allí pesos y contrapesos, porque lo recomendable sería que el Presidente de la República llegue con nuevo Fiscal a bordo, como ocurre con la Procuraduría y la Contraloría. Mucho más en este caso de la Fiscalía, cuando al Presidente y al Fiscal corresponde, por la colaboración y armonización de los fines del Estado, dirigir la política criminal en un país donde pulula la delincuencia. Si bien en Estados Unidos el ministro de Justicia hace las veces de Fiscal, designado directamente por el Primer Mandatario, en Colombia por lo menos su designación debería ser coincidente con el período presidencial.
DEBATE POR PRESUPUESTO PARA LA JUSTICIA
Entre las inquietudes que tienen las Cortes frente a la reforma a la justicia está la falta de claridad presupuestal para lograr la descongestión judicial, ya que mientras la rama judicial pide un presupuesto del 5 por ciento del presupuesto nacional, el Estado solo está dispuesto a entregar el 2,5 por ciento. Además, para la Corte Suprema de Justicia la reforma es susceptible de afectar el equilibrio de los poderes públicos, lesionando la autonomía del poder Judicial.
Para el representante Germán Navas, del Polo Democrático, la reforma a la justicia parece una venganza de la clase política en contra de la justicia: “Muy bien hizo el Consejo de Estado y la Corte Suprema al retirarse del debate. Esto de la reforma a la justicia no tiene nada. Acá le quieren poner un limitante a los jueces”.
Según Navas, “lo importante es que discutan ahora qué les van a dar a las Cortes. A la justicia no se le dan limosnas. A la justicia hay que darle lo que la justicia necesite, si queremos que haya justicia. Ellos siempre han dicho que lo que les van a dar no les alcanza, entonces hay que ser justos con la justicia”.
El viceministro de Justicia, Felipe Robledo, le respondió a Navas asegurando que la iniciativa nunca ha sido pensada como una revancha del Gobierno, sino que al contrario es un proyecto que busca iniciativas que fortalezcan el poder judicial del país.
“El debate no puede llevarse al terreno de que es una revancha del Gobierno o el Congreso contra las cortes. En la propuesta no se advierte nada que atente contra la rama, por el contrario los cambios apuntan a fortalecerla”, dijo el viceministro Robledo.
El magistrado Mauricio Fajardo, expresidente del Consejo de Estado, advirtió que no se puede garantizar la autonomía de la rama judicial cuando cada año le toca estar “rogando” que se le giren los recursos necesarios: “La rama tiene que estar todos los años, despacho por despacho, rogando por los recursos para contar con los funcionarios necesarios para poder operar
REVISTA SEMANA
PALACIO DE JUSTICIA: AGENTES DEL CTI HARÁN RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO A ÉDGAR VILLAMIZAR
El cabo en retiro asegura que jamás habló con la entonces fiscal del caso Ángela Buitrago y que fue víctima de una suplantación.
Se intentará conocer si tal y como el cabo Villamizar lo afirma, su identidad fue suplantada en el 2007 en un testimonio rendido ante la Fiscalía.
caso del cabo (r) Édgar Villamizar, considerado uno de los testigos clave en la investigación del Palacio de Justicia (1985), podría dejar de ser este miércoles un misterio.
El hombre, cuyo testimonio aparece en el expediente señalando haber visto al coronel Alfonso Plazas Vega dando la orden de "colgar" a algunos sobrevivientes de la toma y la retoma del Palacio, ha negado haber sido quien atestiguó en el 2007 frente a la entonces fiscal del caso Ángela Buitrago.
Según el cabo (r) Villamizar, él nunca estuvo en la Escuela de Caballería dando a conocer lo que sabía sobre los hechos, contrario a lo que afirman el expediente y la exfiscal Buitrago. Su versión, en la que niega su testimonio, ha tenido varios capítulos, por lo que la diligencia que se cumple este miércoles podría ser determinante para aclarar si fue o no suplantado.
Los agentes del CTI Efrén González y Pablo Enrique Vásquez, quienes junto con otros funcionarios habrían estado en el momento de la declaración que hoy niega Villamizar, harán ante el juez 55 un reconocimiento fotográfico del hombre.
De esta forma se determinará si Villamizar miente o, como lo asegura, él nunca dio ninguna declaración, ni tiene conocimiento de lo que pasó durante los días de la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Así dio su testimonio
Según el relato de la exfiscal Ángela Buitrago, el cabo en retiro apareció en julio del 2007.
A través de un investigador pidió ser oído en declaración y argumentó que tenía información sobre la ubicación de los cuerpos de algunas personas desaparecidas en los hechos del Palacio de Justicia. Buitrago cuenta que antes de encontrarse con él, lo hizo su investigador Pablo Vásquez.
El día en que apareció Villamizar, sin cita previa, el equipo de la entonces fiscal se encontraba en la Escuela de Caballería y buscaba localizar posibles fosas clandestinas -algo denominado técnicamente prospección-. Llevaban toda la mañana en esa labor.
El primero de agosto llegó a la Caballería a eso de las 3: 30 p.m. "Y me dicen que Édgar está afuera y que viene a contar en dónde están los cuerpos. La Ley 589 del 2000 de desaparición forzada nos obliga a recibir testimonios", cuenta Ángela.
Y así fue. Durante cerca de dos horas, Villamizar (que en el documento del testimonio aparece como Villareal por un error de digitación) detalló, según la exfiscal, lo que conocía de los hechos sobre el Palacio de Justicia.
La diligencia se hizo dentro de una buseta del CTI en el parqueadero de la Escuela de Caballería, dice Buitrago, y recuerda que no estaba sola. A ella, en la toma del testimonio, la acompañaban un delegado de la Procuraduría, un fiscal auxiliar, un investigador y un fotógrafo. Al final del encuentro quedó claro que Villamizar sería llamado para ampliar su testimonio, pero eso jamás sucedió.
Quince días después, y a través de razones enviadas con un investigador, aseguró que estaba siendo perseguido y amenazado.
Volvió a aparecer, cuatro años después (junio del 2011), con su declaración ante la Procuraduría. Días después y debido a esta, la fiscal Viviane Morales anunció que se volvió a abrir la investigación contra Buitrago con el ánimo de determinar la veracidad del testimonio del cabo Villamizar.
Hoy el caso está en indagación. "Se está recaudando la evidencia correspondiente. El señor sí declaró y lo hizo no solo ante mí. Había siete personas más. Antes tuvo contacto con otros funcionarios y después, cuando denunció amenazas en su contra, también", dice Buitrago.